Derecho a morir

El brillante Francoaleman trata hoy en su bitácora Barcepundit el derecho a vivir y a morir.
No voy a entrar en la noticia sobre el bebé inglés, me parece espantoso que sea el Estado quien tome semejante decisión.
Donde si quiero entrar es en el derecho a morir, que parece cuestionar Francoaleman en su anotación:

El Estado decidiendo quién tiene derecho a vivir y quién no, pasando por encima de los directamente implicados, es algo que debería rechazarse de plano. Aunque se formulara este principio para defender el derecho de Sampedro a suicidarse, no es exactamente igual: en el caso del bebé inglés se trata del derecho a vivir; en el de Sampedro, del derecho a morir. No es en absoluto irracional defender más el primero que el segundo

Tampoco es irracional defender más el derecho a la vida que el de la propiedad, pero eso no es óbice para que me olvide del segundo.
Y sobre las diferencias entre el suicidio asistido y la eutanasia (evidentemente hablamos de eutanasia activa y por tanto consentida) comentar que sólo tienen importancia desde el punto de vista legal, no intelectual, en la práctica no hay demasiada diferencia entre pedir que aprieten el botón, o pedir que te lo pongan en la boca para hacerlo tú. Lo importante SIEMPRE SERA EL CONSENTIMIENTO.

es lógico que la presunción vaya más en favor del primero que del segundo. Y muy especialmente porque el segundo no tiene vuelta atrás, por un cambio de opinión del afectado, por un avance médico que permita curar lo que hasta entonces era incurable o por algún otro motivo.

Hay multitud de cosas que no tienen vuelta atrás y podrían estar sujetas a cambios de opinión del afectado. No tiene vuelta atrás que yo muera por llevar una dieta insana pero el Estado no es nadie para meterse con mi alimentación. No tiene vuelta atrás que me vuele la cabeza jugando a la ruleta rusa, pero el Estado no es nadie para prohibírmelo. No tiene vuelta atrás que yo regale todos mis bienes, pero el Estado no es nadie para decirme que hacer con ellos.
Es mi vida y es mi decisión, claro que puedo equivocarme, como con cualquier otra decisión, pero la trascendencia de la misma nunca puede servir de justificación al Estado para anular mi voluntad.